Los condenados formaban parte de un grupo de WhatsApp y la Fiscalía fabricó los delitos y los acusó sin las pruebas suficientes que demostraran su culpabilidad.
El juez sandinista Félix Ernesto Salmerón Moreno dictó sentencia condenatoria de cárcel contra siete presos políticos, entre ellos los tres ex precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, así como Violeta Granera, José Pallais, José Adán Aguerri y a Tamara Dávila, todos condenados por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Los siete presos políticos opositores a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, formaban parte de un grupo de WhatsApp y la Fiscalía los acusó de “traición a la patria”.
Don Arturo Cruz, de 68 años de edad y quien además padece de Parkinson y quien recientemente fue beneficiado con el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a casa por cárcel, recibió una condena de 9 años de prisión.
En el caso de doña Violeta Granera, de 70 años de edad, quien ha perdido dos piezas dentales a causa de la mala alimentación, el juez Félix Ernesto Salmerón Moreno, le impuso 8 años de prisión.
Tamara Dávila, miembro de Unamos, también fue condenada a 8 años de prisión. La dictadura se ha ensañado contra esta presa política, a quien mantiene aislada y encerrada en una cárcel recibiendo tortura sicológica por parte de los carceleros.
En el caso de los excandidatos presidenciales Félix Maradiaga y el empresario Juan Sebastián Chamorro, el judicial les impuso una condena de 13 años de prisión.
La misma condena le fue impuesta al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri, quien también se encuentra detenido en las celdas del nuevo Chipote.
El juez también condenó a don José Pallais a 13 años de cárcel. Don “Chepe” -a como lo conocen sus amigos- fue enviado a casa por cárcel el pasado 19 de febrero. La decisión de la dictadura fue por su delicado estado de salud. Pallais se desmayó varias veces durante el juicio realizado a puertas cerradas en las instalaciones de Auxilio Judicial, en Managua.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha exigido la libertad de todos los presos políticos, debido a que el proceso judicial en contra de estos “son nulos” por presentar varias inconsistencias.
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