Y esto sucedió hace 3 meses, a lo cual el régimen de Nicaragua, quiere hacer modificaciones (Marrulla) a su conveniencia.
Régimen orteguista acepta la “liberación definitiva” de los presos políticos.
Familiares de reos esperan que régimen cumpla con acuerdos firmados con Alianza.
El régimen de Daniel Ortega aceptó, más de un mes después de la reanudación del Diálogo Nacional, que liberaría “definitivamente” a los presos políticos.
Según los acuerdos, firmados entre los delegados gubernamentales y los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, será el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el que tendrá a cargo la conciliación de la lista para proceder al inicio de las excarcelaciones.
Un primer paso, de acuerdo con el documento oficial, será la presentación de las listas tanto de la oposición como del Gobierno.
Los datos más recientes indican que la Alianza Cívica tenía contados 647 presos políticos en las cárceles y 165 en sus casas bajo el régimen de casa por cárcel. La dictadura acepta únicamente 340.
El compromiso firmado por el régimen habla expresamente de la liberación definitiva, lo que supone un paso adelante a las recientes excarcelaciones —un total de 162 a partir del 27 de febrero— en las que solo hubo un cambio de las medidas cautelares a casa por cárcel.
“Cierre definitivo de situación jurídica”
El compromiso firmado por el ejecutivo resulta claro tras meses de saña judicial contra los manifestantes, a los que el sistema llamó “terroristas” y autores de un supuesto golpe de Estado.
“El gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional procederá a la liberación definitiva, entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas más allá de la excarcelación de las referidas personas privadas de libertad, así como la situación jurídica de las mismas, de conformidad con la legislación vigente y las garantías constitucionales del caso. Las medidas y procedimientos jurídicos necesarios para lo anterior serán discutidos en la mesa de negociación”, se lee en el documento.
El acuerdo es rubricado también por los testigos y acompañantes de las conversaciones, Luis Rosadilla, quien actúa en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el nuncio apostólico Waldemar Sommertag, el embajador del papa Francisco en el país.
Rosadilla y Sommertag actuarán como garantes de la liberación de los reos políticos, según el documento.
CICR facilitará liberación
Las funciones del CICR están claramente especificadas: facilitará la liberación, pero también contribuirá con el seguimiento de la misma.
La situación de los presos políticos ha mantenido en vilo a todo el país, pero más a sus familiares, que en los últimos días no han visto concretada la excarcelación.
Policía obligada a “colaborar”
Para el cumplimiento de sus funciones, el CICR contará con la colaboración de todos los órganos del Estado concernidos, especialmente el poder judicial, del Ministerio Público, “del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional”.
La dictadura reiteró que el plazo de liberación de los presos políticos será de noventa días, contados a partir del 20 de marzo de 2019.
Cortesía: La Prensa.
