El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamó a consultas a la embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras la nota emitida por el Gobierno nicaragüense con “graves e infundadas acusaciones” contra España y sus instituciones.
Además, la nota del Gobierno del presidente Daniel Ortega incluía “gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales” españoles, subrayó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.
“Nicaragua atraviesa una profunda crisis política, económica y social que se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del Gobierno contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes”, según el mismo comunicado.
Por ello, España rechaza “de manera tajante” el contenido de la nota de la Cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que “cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política”.
En los últimos días, España y la Unión Europea (UE) han manifestado que las decisiones que impiden la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados.
Ortega aspira a su quinto mandato presidencial, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
También se conoció la decisión del Consejo Supremo Electoral nicaragüense de cancelar la personalidad jurídica de la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL), por lo que no podrá presentarse a los comicios.
Tras las críticas de la UE y España, la Cancillería nicaragüense respondió con una nota dirigida al Ministerio español Exteriores en la que condenaba la “inadmisible intromisión del Gobierno del Reino de España en los asuntos internos” del país.
Nicaragua acusaba a España de carecer de “autoridad moral”, culpable de “tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena”.
Así, el Gobierno de Daniel Ortega seguirá denunciando “la cínica y continua, intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de Gobiernos democráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia”.
Igualmente denunciaba los “crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados” de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), activos en los años ochenta, y la “feroz y brutal historia colonial y neocolonial” española.
Cortesía: Trinchera de la Noticia
