El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó una orden ejecutiva que le permite sancionar a funcionarios del gobierno de Nicaragua al considerar que la situación en este país supone una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”.
Esto, según una carta difundida por la Casa Blanca y enviada a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.
En el texto, Trump señala que la situación de Nicaragua y su “amenaza” es causada por “la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018”; también atribuyó al presidente Daniel Ortega “el desmantelamiento y debilitamiento sistemático” de “las instituciones democráticas y el estado de derecho”, así como el uso desmedido de la violencia y las prácticas represivas.
La corrupción es otro de los factores que ocasionan, según la misiva, esta situación.
La actuación de Trump obedece a un procedimiento administrativo; el presidente debe prorrogar la orden ejecutiva que emitió el 27 de noviembre de 2018, para que siga en vigor, y esto permite tener argumentos legales para sancionar a funcionarios nicaragüenses.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ésta ha dejado al menos 328 muertos, pero organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno reconoce 200.
Ortega objeta la posición del gobierno de Estados Unidos frente a la situación que vive su país.
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