Por Enrique Sáenz (Vamos Al Punto)
El balance, después de 15 años del régimen dictatorial encabezado por Daniel Ortega, puede resumirse en una frase: Un fracaso político, económico, social, y moral. Para demostrarlo, nos basaremos principalmente en datos oficiales.
El punto de partida del análisis debe ser el examen de las condiciones en que Ortega recibió el gobierno, en 2007. Tal como lo mencionó alguna vez el ingeniero Enrique Bolaños: Mesa servida.
Hagamos un poco de memoria: Tasas de crecimiento económico por encima del 4% anual; exportaciones e inversiones crecientes; flujos sostenidos de cooperación al desarrollo tanto de origen bilateral como multilateral, lo que incluye la participación en la Cuenta Reto del Milenio, de Estados Unidos, y en los programas de apoyo presupuestario de la Unión Europea; equilibrio en las cuentas fiscales, control de la inflación y estabilidad en el régimen cambiario; inicio de vigencia del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el CAFTA; sustancial reducción de la deuda externa y de su servicio; paz política y social a nivel interno y convivencia armónica internacional; INSS con superávit operativo y con reservas sólidas; policía y ejército en proceso de maduración profesional e institucional; marco de libertades y derechos; espacios de participación de la sociedad civil; medios de comunicación desconcentrados y plurales.
En adición a estas condiciones, Ortega se bañó con los cuantiosos recursos de la cooperación venezolana.
En fin, una plataforma propicia para cristalizar el gobierno más exitoso de la historia nacional.
Hambre en el país del hambre cero
La principal bandera de la dictadura, especialmente en sus inicios, fue ¡Arriba los pobres del mundo! Los pregones sobre la pobreza estaban adornados con programas de nombres rimbombantes como “Hambre Cero”. Comencemos entonces por aquí: El informe regional del 2021, de FAO, revela que uno de cada 5 nicaragüenses padece hambre (19.3%). Todavía más: la proporción viene creciendo en los últimos años.
Por otro lado, las estimaciones de CEPAL reflejan que, en el 2020 el porcentaje de pobreza superó el 50% de la población nicaragüense. Por su lado, FIDEG estimaba en 45% el porcentaje de pobreza en 2019, con una tendencia creciente desde el 2015. Según esta fundación, la pobreza superaría el 50% de no ser por las remesas. Por cierto, la dictadura clausuró este centro de investigación para impedir que publicara los datos sobre pobreza correspondientes al 2020. ¿Adivinen por qué?
A propósito de remesas: A noviembre del 2021, 72 mil nicaragüenses fueron retenidos en la frontera en su intento de ingresar irregularmente a Estados Unidos, y 47 mil habían solicitado refugio en Costa Rica. Si hacemos una proyección floja de cuántos lograron pasar la frontera de Estados Unidos y cuántos no han solicitado refugio en Costa Rica, al menos 150 mil compatriotas huyeron el año recién pasado del paraíso orteguista.
Sigamos con la economía familiar
No es necesario ser economista para saber que empleo estable e ingresos dignos representan dos factores claves para mejorar el bienestar de la población. Y que una de las consecuencias benéficas del crecimiento económico es precisamente crear empleos y elevar salarios.
Pues bien, revisando los informes anuales del Banco Central nos encontramos que en julio del 2007 el desempleo era 5.9% y el subempleo 47%. 15 años después, el INIDE reportó que en septiembre 2021 el desempleo abierto ascendió a 4.7% y el subempleo, a mediados de este mismo año representaba el 45% de la población laboral. ¿Qué es un subempleado? Es un trabajador sin empleo fijo, cuyo ingreso ni siquiera alcanza el salario mínimo.
En suma: Según el INIDE, el 62% de la fuerza laboral, esto es, más de 2 millones de cabezas de familia nicaragüenses se encuentran actualmente en condición de desempleo, subempleo o en la categoría de “trabajadores sin salario”. Es natural entonces que la pobreza se ensañe en más de la mitad de la población.
Después de 15 años la “vibrante economía” de Ortega logró reducir el desempleo apuradamente en el 1% y el subempleo en 2%. Si descontamos los centenares de miles de migrantes que en este período salieron del país en búsqueda de mejores horizontes, es obvio que estos porcentajes quedarían en negativo.
Ahora pasemos a los salarios. El Banco Central registra que, en comparación con el 2006, los salarios reales de los trabajadores de la economía formal se elevaron, en promedio, en ¡1%! Este es un promedio, porque en el sector agrícola, comercio, servicios sociales, entre otros, más bien disminuyeron.
No es difícil imaginar los quebrantos del 80% de la población que labora en la economía informal, que están muy por debajo de las condiciones de los trabajadores de la economía formal.
Por cierto, el 2021 el costo de la vida alcanzó su nivel más alto de los últimos 10 años.
Vaya usted a que le expliquen los economistas de la dictadura cómo una economía que creció, según ellos, a una tasa promedio superior al 5% no fue capaz de generar empleos plenos, ni mejorar los salarios reales de los trabajadores.
Una aclaración necesaria: La argumentación anterior es válida si admitimos como ciertas las cifras oficiales, porque hay quienes expresan sospechas fundadas de maquillajes. De ser así, el balance sería bastante más precario.
La deuda externa
Por ahora se habla poco de la deuda externa, pero es un tema que encierra implicaciones estratégicas para el mediano y largo plazo. Ortega recibió una deuda de US$3,400 millones, en números redondos. Ahora la deuda se ha multiplicado por cuatro: Cerrará el año en los US$14 mil millones. En paralelo al crecimiento del total de la deuda también están creciendo los pagos, año con año.
Un retrato de cuerpo entero
Sin duda, uno de los retratos más esclarecedores del fracaso económico y social de la dictadura es el desempeño de la seguridad social. Es una especie de prisma que permite visualizar distintos ángulos del fracaso económico, social y moral de la dictadura.
Ortega recibió el INSS con un superávit de C$1,700 millones, diez años después el superávit se había transformado en un déficit de C$2,400 millones. Este resultado es lógico si consideramos que en 2007 la nómina registraba 1208 trabajadores, y diez años después se había elevado a 4060 trabajadores. Y los gastos administrativos, como proporción de los ingresos totales habían pasado del 6% al 12%. Por su parte, los fraudes con los fondos de los pensionados vaciaron las reservas de la institución. Quedan los edificios vacíos en distintos puntos de Managua como evidencia lacerante del saqueo.
Pero hay un asunto más de fondo: La crisis de la seguridad social es el más claro indicador del modelo concentrador y excluyente que impuso la dictadura: Las tasas de crecimiento económico cercanas al 5%, en promedio, fueron incapaces de crear suficientes empleos formales y mejores ingresos para los trabajadores, que es el fundamento de todo sistema de seguridad social. Según los datos del Banco Central, a partir de septiembre del 2017 el número de afiliados al INSS comenzó a disminuir, mes con mes.
La crisis del INSS también muestra el talante “socialista, cristiano y solidario” de Ortega: No tuvo piedad en descargar sobre las espaldas de los más vulnerables los costos de la corrupción y el despilfarro: Despojó a 300 mil pensionados de casi 800 millones de córdobas mediante una maniobra siniestra al amparo de la modificación de la tasa de devaluación del córdoba. Impuso dos reformas que aumentaron las contribuciones de empleadores y trabajadores. Impuso también un castigo invisible pero devastador e implacable: cambiaron la fórmula de cálculo de las pensiones para los cotizantes activos, los cuales solo sienten los azotes al momento de cumplir la edad de jubilación.
La crisis de abril del 2018 no fue causa de los agobios financieros del INSS, ni de la crisis económica y social. Exactamente al contrario: La pradera ardió a causa del fracaso del modelo concentrador, depredador y excluyente que impuso la dictadura. Como en los mejores tiempos del capitalismo salvaje: Depredación de recursos naturales y abaratamiento de la mano de obra.
Estado mafioso
Los informes de Transparencia Internacional colocan al régimen de Ortega, año con año, como el más corrupto de Centroamérica -que ya es mucho decir- y el tercero entre los peores en América Latina: solo detrás de Haití y Venezuela. Por otro lado, en materia de lavado de dinero el Instituto de Basilea califica al régimen entre los más desacreditados del mundo, y el GAFILAT lo tiene incluido en su “lista gris”, algo así como en la lista de principales sospechosos.
Y no es para menos. Ortega convirtió la corrupción en política de Estado. Los actos más flagrantes de corrupción tienen estatus de ley: la concesión canalera, la hidroeléctrica Tumarin, los escáneres aduaneros, para citar algunos. Por supuesto, lo más desvergonzado y cuantioso fue la apropiación de los fondos de la cooperación venezolana (más de 5,000 millones de dólares según los reportes del banco central). Sin contar con la apropiación familiar de la empresa de combustible, DNP, así como Albageneración, y la planta de almacenamiento de combustible de Puerto Sandino. Sin hablar de la turbia adquisición de DISNORTE y DISSUR o la participación en el negocio minero.
La economía cristiana, socialista y solidaria y el modelo de rapiña
Una de las bases del modelo económico y social que impuso la dictadura fue su alianza con los grupos económicos más prominentes bajo un esquema simple: Utilizar el poder político para crear o aprovechar toda oportunidad de enriquecimiento. En definitiva, un capitalismo de rapiña: Monopolios, oligopolios, licitaciones amañadas, exoneraciones fiscales, favores institucionales incluyendo manipulación del poder judicial, regulación de mercados. De este modo, los empresarios que no estaban en la jugada, que eran la mayoría se vieron obligados a pagar las más altas tarifas eléctricas de América Latina, los más altos precios del combustible, las más altas tarifas de comunicación, las más altas tasas de interés bancario de Centroamérica, lo que reducía drásticamente su competitividad, sus márgenes de utilidad y sus capacidades de expansión o modernización tecnológica.
La contrapartida era los más bajos salarios de Centroamérica y rienda suelta para la depredación de recursos naturales, además de administración de la represión para sofocar cualquier malestar laboral: los ejemplos de las minas, las zonas francas o los reclamos de los cañeros afectados de insuficiencia renal crónica terminaron con cárcel o balas.
Mientras duró el período de vacas gordas de la cooperación venezolana todo fue miel sobre hojuelas. Cuando llegó el período de compartir los costos de las vacas flacas el pilar se derrumbó.
El fracaso político
La evidencia más reciente y patente fue el repudio de la inmensa mayoría de la población a la pantomima electoral de noviembre 2021. Varias encuestas post electorales coinciden en que más del 80% de la población rechaza al régimen. En estas condiciones es natural que la dictadura responda con violaciones masivas a los derechos humanos: cárcel, destierro, ejecuciones extrajudiciales, aplastamiento de las libertades.
Ni el somocismo, en su mejor momento, -o en su peor momento- ejerció semejante control sobre las instituciones públicas, ni semejante cerco represivo.
Con todo, en el plano político tal vez los hechos más graves son: La transformación del ejército en guardia personal y las semillas de odio que ha sembrado en el pueblo nicaragüense. Reabrió viejas heridas que estaban en curso de sanar. Y abrió otras.
¿Y los éxitos económicos?
Cierto, hay que mencionarlos. Las estadísticas macroeconómicas como PIB, reservas en divisas y exportaciones muestran registros positivos.
También creció el número de multimillonarios.
