(Washington, DC) – Los gobiernos de Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos y Europa deberían imponer sanciones individuales a altos funcionarios nicaragüenses implicados en graves violaciones de derechos humanos y evaluar alternativas para exigir que rindan cuentas por sus crímenes, señaló Human Rights Watch en un informe.
El informe de 107 páginas, “Brutal represión: Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua,” documenta qué les ocurrió a muchos de los cientos de personas arrestadas por la policía o secuestradas por bandas armadas partidarias del gobierno durante la arremetida contra opositores que empezó en abril de 2018. Muchos sufrieron abusos que, en algunos casos, constituyeron torturas. A algunos heridos se les habría negado atención médica en centros de salud pública, y diversos médicos que brindaron atención afirmaron haber sufrido represalias. Se ha procesado penalmente a detenidos en causas plagadas de graves violaciones al debido proceso.
“Daniel Ortega no ha mostrado el más mínimo interés en que las víctimas de la feroz represión perpetrada por miembros de la Policía Nacional y matones armados durante las protestas de 2018 logren justicia”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La reciente liberación de personas detenidas en el contexto de las protestas, muchas de las cuales ahora cumplen arresto domiciliario y siguen procesadas, no debe servir para ocultar que no hay ningún policía investigado por brutales golpizas, violaciones sexuales, remoción de uñas, asfixia y otras atrocidades”.
El informe se elaboró sobre la base de investigaciones realizadas en Nicaragua y Costa Rica y de un análisis de fuentes oficiales, incluidos expedientes judiciales y declaraciones de fuentes gubernamentales, así como pruebas que corroboran los abusos que incluyen fotografías, grabaciones de video e informes médicos. Human Rights Watch entrevistó a 75 personas, incluidas víctimas y sus familiares, testigos, abogados defensores, profesionales médicos y representantes de organizaciones internacionales. Algunas entrevistas de seguimiento se realizaron telefónicamente o por servicios de mensajes de texto antes o después del viaje de investigación.
Human Rights Watch concluyó que policías y bandas armadas partidarias del gobierno infligieron graves abusos a los detenidos, que en algunos casos constituyeron torturas. Los abusos incluyen golpizas a manifestantes en el momento de su captura y durante su detención, en ocasiones seguidas por la negación de atención médica urgente; la violación sexual de personas detenidas, incluso con tubos metálicos y armas de fuego; simulacros de ahogamiento; descargas eléctricas; provocar quemaduras con ácido; simulacros de ejecuciones; desnudez forzada y extracción de uñas de las manos. En algunos se obligó a los detenidos a realizar confesiones auto incriminatorias.
En abril de 2018, multitudes salieron a las calles para protestar contra el gobierno de Ortega. La respuesta fue brutal. La feroz represión por miembros de la Policía Nacional y bandas fuertemente armadas partidarias del gobierno dejó un saldo de más de 300 muertos y más de 2.000 heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calcula que casi 800 personas fueron detenidas desde que empezaron las protestas.
En marzo de 2019, el gobierno nicaragüense aceptó liberar dentro de los siguientes 90 días a quienes hubieran sido detenidos en el contexto de las protestas y a desistir de los cargos contra ellos, intentando así reanudar el diálogo con la oposición y persuadir a la comunidad internacional de que levante las sanciones en contra de altos funcionarios del gobierno. Hasta el 10 de junio, 392 personas habían sido excarceladas, pero muchas se encuentran bajo arresto domiciliario u otra medida cautelar y persisten los cargos en su contra. A otros se les aplicó una ley de amnistía aprobada en junio.
El 8 de junio, la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó una ley de amnistía para delitos cometidos en el contexto de manifestaciones contra el gobierno. La ley indica que los delitos “regulados en tratados internacionales que Nicaragua es Estado Parte” quedarán excluidos de la posibilidad de amnistía. Sin embargo, dada la falta de independencia judicial en el país, existe un grave riesgo de que la ley se utilice para consolidar la impunidad de la que ya gozan los responsables de graves abusos ocurridos en el país, indicó Human Rights Watch.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha informado que, según la información disponible, sólo se ha dictado una condena contra un miembro de una banda armada partidaria del gobierno y no se ha iniciado ninguna investigación contra miembros de las fuerzas de seguridad implicados en abusos. Human Rights Watch no ha podido confirmar si la muerte que dio origen a la condena ocurrió en el contexto de una manifestación. En vez de asegurarse de que los altos funcionarios que son responsables de los abusos respondan por sus acciones, el presidente Ortega los ha ascendido.
Algunos de los altos funcionarios públicos que tienen responsabilidad por gravísimas violaciones de derechos humanos y deberían ser objeto de sanciones individuales, como la prohibición de ingreso a otros países y el congelamiento de activos, son los siguientes:
El Presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía a su arbitrio y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes;
La general retirada Aminta Granera, ex directora de la Policía Nacional, que encabezó la fuerza hasta ser reemplazada por el general Francisco Díaz en septiembre de 2018;
El general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, quien se cree ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y luego en su cargo actual;
El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional y máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya, donde policías bajo su mando junto con bandas armadas partidarias del gobierno reprimieron ferozmente a manifestantes;
El general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, que tiene la obligación, según el derecho nicaragüense, de investigar presuntas violaciones de derechos por parte de policías y de sancionar a los responsables;
El General Luis Pérez Olivas, jefe de la cárcel El Chipote, uno de los principales lugares donde las autoridades sometieron a abusos aberrantes a personas que se manifestaron contra el gobierno; y
El general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH.
Numerosos detenidos han sido procesados, en algunos casos por delitos violentos graves, por su participación en protestas contra el gobierno o por su papel en movimientos sociales que cuestionaron al gobierno, incluso antes de la represión. Estos procesamientos estuvieron plagados de graves violaciones de las garantías de debido proceso y otros derechos fundamentales, como la detención en condiciones de incomunicación o los juicios a puertas cerradas.
El gobierno nicaragüense también ha allanado las oficinas de medios de comunicación independientes, presentado denuncias penales contra dos periodistas, cancelado la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales y expulsado del país a periodistas extranjeros y veedores internacionales de derechos humanos.
Los casos documentados por Human Rights Watch son consistentes con un patrón de abusos sistemáticos dirigidos a personas que se manifestaron contra el gobierno y opositores que ha sido reportado por la CIDH y la Oficina de la ACNUDH. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), alrededor de 62.000 nicaragüenses han huido del país desde abril de 2018.
“La única forma de contrarrestar las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por el régimen, de permitir que los nicaragüenses regresen del exilio, de poner fin a la censura y de restablecer la independencia judicial es ejerciendo una fuerte presión internacional sostenida que debería incluir sanciones individuales y un mayor reclamo para que los responsables rindan cuentas por sus abusos”, apuntó Vivanco.
Cortesía: Human Rights Watch, Actitud 92.5FM, Café con Voz.
