Organizaciones nicaragüenses de la sociedad civil dijeron sentirse alentadas por la decisión de la ONU de extender por dos años más el trabajo de un Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que investiga, analiza y documenta los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018 por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante la discusión del texto, doce países denunciaron las graves violaciones de los derechos y libertades en Nicaragua.
“Agradecemos a los Estados que han apoyado al Grupo de Expertos, que es un mecanismo crucial de rendición de cuentas y que se asegurará de que el amplio catálogo de abusos en Nicaragua no salga del radar de la comunidad internacional”, dijo la activista Alexandra Salazar, de la oenegé Unidad de Defensa Jurídica, en una videoconferencia de prensa.
Los activistas consideran que este es un mensaje “claro” para todos los responsables de violaciones, que al final tendrán que pagar por sus actos. “Esto abre la oportunidad de seguir profundizando en los hechos ocurridos y en las cadenas de mando. La resolución plasma igualmente la forma en que se ha propiciado un clima de impunidad en Nicaragua”, agregó Salazar.
Gonzalo Carrión, miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más, opinó que la resolución es “una fuente de aliento para las víctimas y para el pueblo nicaragüense, que no están dispuestos a renunciar a sus derechos a la libertad y a la justicia”.
El ambientalista, Amaru Ruiz, destacó que, durante la sesión, se mencionó en al menos 12 ocasiones la situación de asesinatos y desplazamiento de los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes, así como de violencia hacia las mujeres. “Para nosotros eso es fundamental porque agrega nuevas categorías en esta resolución, para continuar el trabajo de documentación”.
Asimismo, resaltó que otro de los aspectos que se amplifica son los cierres de Organizaciones Sin fines de Lucro (OSFL), que ya acumulan más de 3300 desde 2018. Por lo cual, “es otro elemento novedoso en relación a la resolución anterior, que amplía la visión que pueda tener el Grupo de Expertos y la Oficina del Alto Comisionado”.
Sobre el despojo de la nacionalidad a 317 críticos del Gobierno y el destierro de 222 de ellos, el Consejo de DD. HH. de la ONU reclamó a Ortega que “respete los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, incluido el derecho a la nacionalidad”.
Carrión, que es uno de los nicaragüenses declarados “apátridas”, mencionó que los afectados por esta medida sufren más represalias del régimen. “Se han consumado más agravios y perjuicios a los despojados de la nacionalidad, como el bloqueo de sus pensiones, confiscación de sus propiedades, el borrado completo de sus derechos, como si fuesen no nacidos”.
Abstención revela “aislamiento” del régimen
El excarcelado político, Félix Maradiaga, valoró que la abstención es “un reflejo del aislamiento de la dictadura”. “Esta es una resolución histórica que además se aprobó gracias a un intenso cabildeo. Gran parte de los países que pudieron haber votado en contra, más bien se abstuvieron, lo que ratifica el mayor aislamiento del régimen de Daniel Ortega”, dijo.
“El camino es largo y es complejo, pero hay esperanza. Abril nos recuerda que ningún invierno es eterno”, agregó.
Los países que votaron en contra de la resolución, fueron: China, Cuba, Eritrea, Argelia y Vietnam. Mientras, otras 21 naciones se abstuvieron, entre ellas: Bolivia y Honduras, que en votaciones pasadas habían apoyado a la dictadura orteguista.
Los países que denunciaron las violaciones a derechos humanos ocurridas en Nicaragua fueron Ecuador, Georgia, Costa Rica, Finlandia, Estados Unidos, Chile, Paraguay, Ucrania, Bélgica, Argentina y Reino Unido.
Cortesía: Confidencial
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Más Información:
Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN)
www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ghre-nicaragua
