ESTADO POLICIAL
Un Estado policial es un Estado donde el gobierno mantiene un estricto control sobre la sociedad, particularmente a través de la supresión de las libertades civiles y a menudo mediante una fuerza de policía secreta y un gran despliegue e inversión en mecanismos de vigilancia. Esto implica que el control por el gobierno contradice la voluntad de los individuos que están siendo controlados. Así, un Estado policial es inherentemente antidemocrático y es similar a la ley marcial.
Se trata de un régimen estricto de vigilancia y control ejercido por cuerpos policiales y militares con el propósito de evitar “desviaciones” a los intereses del poder gobernante.
Por paradójico que parezca, los estados policiales son en extremo inseguros. En ellos, sus ciudadanos nunca están a salvo porque no se respetan las leyes, y la justicia opera como un cerco opresivo para aquellos que se atreven a oponerse a sus prácticas autoritarias. Es un estado de incertidumbre y de sospecha generalizada que actúa bajo la presunción bajo la cual todos son culpables y no importa la demostración de inocencia. Es en esencia un modelo muy opaco de control orientado al sometimiento intimidatorio de la sociedad.
Otra paradoja del Estado Policial tiene que ver con la creación desde el poder de una percepción de fortalezas en sus mandos, mientras que la realidad revela las profundas debilidades de sus estructuras. Es una especie de simulación que amenaza con más violencia y autoritarismo en la medida que sus bases se desmoronan. Es por ello, que los estados policiales solo pueden limitarse a la persecución puntual pero sistemática de sus enemigos políticos, mientras dejan impunemente el terreno abierto para la corrupción de los adeptos y leales a sus filas.
Al contrario de Cuba, Korea del Norte o los antiguos países de Europa del Este, dónde hasta el viento pedía permiso para moverse, aquí, se ha dado una fusión, también paradójica, de la delincuencia con el poder. En términos sencillos, la acción criminal se ha convertido en un medio adicional para el sometimiento de la sociedad a través del miedo y, si bien los intereses del gobierno no son los mismos que los de las bandas, ambos se complementan en una maquinaria de opresión en todos los ámbitos de la vida nacional.
Cuando nada menos que jueces reconocen que tienen personas presas preventivamente y sin pruebas, trasladadas a cárceles fuera de su tierra y lejos de sus casas, cosa que no puede tener otro fin que la humillación, parece evidente que no estamos bajo un estado de derecho y que la Justicia actúa como una parte de la policía al servicio del Gobierno.
Cuando la Fiscalía “se lo afina” al Gobierno para que sus delitos queden impunes, confirma ese papel policial de la Justicia.
Cuando se legisla para que la ciudadanía sea sospechosa y preventivamente culpable, ‘Ley Mordaza’, y las actuaciones de la policía no tengan vigilancia y sean impunes, es porque el poder que se ejerce sobre la población no es democrático sino policial.
Al hablar de Estado policial se hace referencia a lo policial en sentido amplio (todos los dispositivos, tecnologías y mecanismos propios de la gubernamentalidad) y restringido a la vez (las fuerzas policiales en sí, cuerpo burocrático armado del Estado). Se trata de una estructura gubernativa que ordena cuerpos y cosas en el territorio a partir de lógicas y dispositivos biopolíticos de intervención sobre ese territorio y los sujetos que en él/sobre él existen.
Las técnicas de poder en el nuevo Estado policial, responden casi exclusivamente al ejercicio de mantener a raya a los sectores potencialmente peligrosos, es decir, los pobres en general, pero quienes se empoderan como pueblo en particular. Así, se construyen barrios pensados en términos securitarios y no como espacios en los cuales la vida pueda desenvolverse libremente.
NICARAGUA
La prohibición policial para impedir la marcha convocada por movimientos feministas y la Unidad Nacional Azul y Blanco, cuando se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, reafirma el “estado policíaco” impuesto por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde septiembre, cuando se ilegalizaron las protestas en medio de la rebelión cívica.
La Policía dejó claro que no “autoriza ni autorizará” movilizaciones públicas, respondiendo de esa manera a la solicitud de la Unión Nacional Azul y Blanco, que notificó a la institución. Los opositores no esperaban beneplácito alguno de la institución, ya que la Constitución Política no establece el requisito de un permiso previo para la movilización ciudadana.
Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó que la decisión policial “limita” el “contenido esencial de los derechos humanos”. “Antes establecieron requisitos innecesarios para el derecho a la protesta y ahora prohíben su propio ejercicio. Si no hay ningún control judicial se instaló un efectivo Estado policial”, advirtió. El mensaje de Abrao fue secundado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
En la literatura, el mejor ejemplo de Estado policial es el que se plantea en la novela de George Orwell 1984, que describe un régimen totalitario que utiliza la excusa de guerra constante para permitir que la policía y las cámaras de seguridad controlen a toda la población.
Ejemplos de estados policiales podrían encontrarse en la Alemania durante el nazismo, en España durante el franquismo, así mismo se estableció un Estado policial en Argentina a través de la ley Orgánica para la Policía Federal a través del decreto 333 durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, entonces presidente de facto, montándose un estado policial a través de las agencias de control social.
Cortesía: Wikipedia. Confidencial. El Nuevo Diario. La Prensa. El Diario. El Nacional. Muchopalonoticias.